En las últimas décadas, las concepciones ampliadas de la traducción —es decir, las que van más allá de la traducción interlingüística en sentido estricto— han pasado a ser fundamentales para numeroso marcos y planteamientos teóricos de las humanidades y las ciencias sociales. No obstante, al tratar estas concepciones ampliadas de la traducción, pocas veces se tiene en cuenta la política y la teoría política. Esto es particularmente llamativo si tenemos en cuenta tanto el rico corpus de esta tradición —con la influencia de grandes pensadores como Antonio Gramsci (cf. Boothman 2010, Lacorte 2010) y Judith Butler (2000)— como el reciente auge y popularización del concepto de traducción en círculos activistas. Para abordar esta ausencia, sigo una línea de análisis que parte de mi libro más reciente, Translating the Crisis (Fernández 2020), donde se estudió la importancia de la traducción, tanto a nivel de práctica lingüística así como conceptual, en el movimiento español llamado «15M» o «indignados» y en sus posteriores evoluciones políticas.
La atmosfera política y cultural que emergió en España tras el 15M fue marcada de manera decisiva por las prácticas traductoras. Esto se puede comprobar, por ejemplo, en el alto número de traducciones realizadas por editoriales politizadas, la visibilidad y el estatus de intelectuales traducidos como Silvia Federici y David Harvey, además de la adopción de conceptos políticos claves como «comunes» y «cuidados», los cuales se han formado a través de complejos procesos de traducción. Varios activistas y representantes políticos de nuevas organizaciones de izquierdas también han manifestado este impulso al usar la traducción como un concepto político, especialmente Podemos, un partido que fue creado en 2015 como respuesta a las reivindicaciones del 15M, pero que ha tenido una relación más bien complicada y tensa con el movimiento y con otros grupos políticos. Es importante recalcar que una gran parte de los dirigentes iniciales de Podemos eran académicos en los campos de la política y la sociología; esto puede haber desempeñado un papel en la adopción de esos usos de la traducción, los cuales llevan el sello de pensadores como Gramsci, Butler, Bauman y Boaventura de Sousa y Santos (Fernández, 2020, pp. 107–128).
En este artículo planteo la oposición entre lo que llamo traducción política «jerárquica» y «horizontal». Ambas coinciden en un punto de partida similar: el lenguaje de la política institucional y el de la «gente común» están tan alejados que cualquier interacción significativa entre ambos debe recurrir a prácticas de traducción. En mi trabajo de campo he estudiado cómo políticos de izquierdas, activistas y ciudadanos tras el 15M recurren con frecuencia a esta amplia noción de traducción para resaltar la división entre la política institucional (u otras formas de poder, como las finanzas y los medios de comunicación) y los ciudadanos de a pie. Por otra parte, algunas de esas prácticas incluyen lo que llamo «exposición política»: la persona que entiende el mensaje oficial y lo traduce no sólo pretende mostrar esta división, sino también revelar una realidad ideológica que el mensaje original pretendía ocultar. Estas prácticas son epistemológicamente relevantes por, al menos, dos razones: la primera, porque implican que la intervención política requiere la posesión de ciertos conocimientos (en este caso, familiaridad con las distintas lenguas); la segunda, porque demuestran que la traducción está entretejida con el poder de manera decisiva, ya que el acto de descodificar y recodificar sitúa a los traductores en una posición política, bien como mediadores entre las instituciones y los ciudadanos, o bien como disidentes que cuestionan los mensajes producidos por estas instituciones.
A pesar de sus similitudes, existe una gran diferencia entre los usos de la traducción a los que llamo «jerárquicos» y «horizontales», teniendo en cuenta sus implicaciones epistemológicas y políticas. La traducción jerárquica funciona desde arriba hacia abajo y normalmente se basa en una distinción sutil entre los que «entienden» (intelectuales críticos, políticos de izquierdas) y los que no lo hacen (gente de a pie). Éste es un tema que ha reaparecido con frecuencia en discursos de los dirigentes de Podemos, quienes legitiman su función como representantes políticos a partir de su capacidad para traducir. Por ejemplo, Íñigo Errejón, uno de los líderes de Podemos hasta su marcha en 2019, aseguró que un intelectual es «eminentemente un traductor» que «tiene la obligación y la capacidad de coger conceptos abstractos y traducirlos» (Errejón, entrevistado en Soto-Trillo 2015). De forma similar, Pablo Iglesias, secretario general de Podemos hasta 2021, afirmó que la comunicación política es «un trabajo fundamental, convertir ese diagnóstico en un discurso que la gente entienda» (Iglesias, entrevistado en Guedán, 2016, p. 120). Por último, el filósofo Germán Cano (2015, p. 196) elogió a Pablo Iglesias por su habilidad para traducir la «jerga tecnocrática» a un lenguaje «más sencillo» y accesible para todos. Estos argumentos resaltan el papel de mediador o incluso de guardián de los intelectuales y políticos en base al conocimiento que han adquirido: los ciudadanos toman el papel pasivo de recibir las traducciones generadas por estos mediadores; la posibilidad de que ellos también puedan tener capacidad para traducir nunca se contempla.
Por otro lado, la traducción horizontal ocurre cuando el traductor no habla en nombre de ningún colectivo: él o ella simplemente demuestra su habilidad para traducir en el ámbito político cuando se enfrenta al mensaje de un gobierno, una empresa o un medio de comunicación. Sin duda, esta demostración de destreza implica afirmar que se está en posesión de unos conocimientos determinados: para descodificar el lenguaje institucional hay que dominar sus características fundamentales. Sin embargo, esta reivindicación no se hace a expensas de otros sujetos y formas de conocimiento: el traductor sólo cuestiona la validez política del original, sin impedir la aparición de otras traducciones. Las implicaciones políticas y epistemológicas de esta práctica son completamente diferentes: el traductor no establece una jerarquía política basada en el conocimiento (o en su aparente ausencia), ni este lleva al traductor a una posición de poder o privilegio.
Puede ser complicado encontrar ejemplos de traducción horizontal a causa de los contextos habituales en los que aparece —rara vez se producen dentro de esos prestigiosos géneros que favorecen a los representantes políticos, como las entrevistas o los libros— y debido a su desviación radical respecto a las nociones convencionales de traducción. Como muestran muchos de mis ejemplos (tomados en su mayoría de las redes sociales), los ciudadanos que invocan su derecho a traducir un determinado mensaje institucional tienden a disociar por completo el significado denotativo y el connotativo: lo que «dice» el texto original en su nivel más básico a menudo guarda poca semejanza con lo que propone la traducción. Lo que importa para estos ciudadanos traductores es la aparición y revelación de un conjunto secundario de significados y sugerencias que muchas personas no verían bajo la superficie del enunciado original. Al mismo tiempo, la relación tradicional entre «autor» y «traductor» se invierte por completo: no se tienen en cuenta las posibles intenciones del autor del enunciado original, ya que el traductor o la traductora se propone destacar su interpretación del mensaje y sus implicaciones.
La práctica horizontal de la traducción ha desempeñado un papel notable en la oposición y el criticismo de conceptos generados por compañías y «gurús» para enmascarar una realidad no deseada, un debate que ha alcanzado su punto álgido en los últimos años con la aparición de numerosos neologismos para referirse a nuevas condiciones de trabajo. Tras la acuñación de la palabra trabacaciones, una palabra compuesta por trabajo y vacaciones, que traduce el neologismo inglés workcation, varios usuarios de Twitter reaccionaron de forma crítica y uno de ellos (Jorge(r), 2018) afirmó que en realidad debería traducirse como «explotación laboral». La traducción no solo irrumpe la relación lingüística entre origen y receptor, sino que también invierte el discurso ideológico en torno a los conceptos: el encanto neoliberal del original, con su promesa de combinar trabajo y placer, se presenta bajo una luz cruda y negativa en la traducción.
En sus afinidades y diferencias, estas interpretaciones ampliadas de la traducción deben entenderse en el contexto de la «atmósfera» del 15M y, en particular, en relación con una cuestión que el movimiento puso en primer plano: la crítica del sistema de expertos sobre el que se basan las democracias contemporáneas. Este es un punto clave en el que epistemología y política interactúan, ya que la toma de decisiones depende decisivamente del conocimiento: cómo se define, quién tiene acceso legítimo a él o cómo se estratifica el poder que se deriva de él. Mientras que los políticos de la «nueva» izquierda, con su defensa de la traducción jerárquica, se limitan a proponer un sistema mejorado de expertos, las prácticas de traducción horizontal apuntan hacia una concepción diferente de la política en la que las categorías políticas y profesionales se impugnan en lugar de imponerse.
